La ley contra el “negacionismo”: Márquez y Laje la leen como un delito de opinión

A comienzos de julio de 2023, en plena campaña presidencial, Nicolás Márquez y Agustín Laje dedicaron un vivo a un tema que, según dijeron, había pasado casi inadvertido en los grandes medios: el pedido de Cristina Kirchner, en el acto de lanzamiento de Sergio Massa en la ex ESMA, de sancionar por ley el “negacionismo”, y el proyecto que días después presentó en el Congreso una diputada jujeña de su espacio, con penas de dos meses a dos años de prisión. En febrero de 2020, Márquez había cuestionado el anuncio de Alberto Fernández de castigar a quien discutiera la cifra.

Márquez acababa de publicar en Infobae una columna titulada “La trampa del negacionismo como herramienta de persecución”. La conversación partió de ese texto y del articulado del proyecto, que Laje leyó en pantalla.

Qué decía el proyecto

El artículo central castigaba a quien “públicamente niegue, minimice, justifique, reivindique” o haga apología de delitos de genocidio y lesa humanidad tal como los define el Estatuto de Roma. Para Laje, eso alcanzaba a cualquiera que sostuviera, por ejemplo, que la represión ilegal fue una consecuencia del accionar previo de las organizaciones guerrilleras, o que la cifra de 30.000 desaparecidos no está documentada. Recordó que el informe de la Conadep arrojó 8.961 casos y que las revisiones oficiales posteriores dieron, según sus datos, una cifra menor. Márquez había repasado esos listados oficiales en enero de 2021, en un video sobre la cifra de desaparecidos.

Márquez llevó el argumento al terreno de las fuentes estatales. Según él, el Juicio a las Juntas de 1985 habló de una guerra iniciada por las organizaciones guerrilleras, y la propia Secretaría de Derechos Humanos difundió cifras de desaparecidos muy inferiores a las del discurso oficial. Si el proyecto se aprobaba, ironizó, habría que encarcelar a los jueces de aquel juicio y a los funcionarios de esa secretaría.

Es delito de opinión, porque aunque el Estado dijese otra cosa, yo también tengo derecho a estar en desacuerdo con el Estado.

Nicolás Márquez, minuto 15:27

Genocidio, lesa humanidad y retroactividad

Laje recorrió en pantalla el Estatuto de Roma. Sostuvo que no se cumplía la definición de genocidio, que exige la intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, y que tampoco la de lesa humanidad, que requiere un ataque generalizado y sistemático contra la población civil: a su juicio, la represión se dirigió contra grupos armados organizados. Añadió el argumento temporal: el Estatuto entró en vigor en 2002 y su artículo 24 establece que nadie será penalmente responsable por conductas anteriores.

Márquez agregó que en una guerra irregular no existe el “blanco perfecto” y que la lesa humanidad supone un ataque directo y explícito contra civiles, no hechos aislados.

El verdadero efecto: el miedo

Ninguno de los dos creía que el proyecto fuera a terminar con autores presos. Márquez sostuvo que su objetivo era otro: condicionar psicológicamente, desalentar a publicar un libro o a tuitear una opinión. Laje advirtió que los más expuestos no serían ellos sino libreros, editores y periodistas que preferirían no arriesgarse. Ambos recordaron episodios de su propia trayectoria: amenazas de bomba en conferencias, manifestaciones frente a hoteles, libros escondidos en librerías y la presencia de funcionarios mexicanos que les advirtieron que su charla podía constituir un delito.

Márquez insistió en un principio que suele citar: la opinión debe ser ilimitada y solo la acción debe tener límites. Por eso dijo estar en contra incluso de la figura de apología del delito, y valoró que un periodista ideológicamente opuesto, Ernesto Tenenbaum, se pronunciara contra el proyecto.

Al censurar un libro, un orador, una opinión, más que censurar a la persona que emite ese mensaje, estás censurando a los muchos miles. El verdadero censurado es el pueblo.

Nicolás Márquez, minuto 37:15

Una señal de cambio cultural

El cierre fue optimista. Laje sostuvo que el proyecto no prueba la fortaleza del relato sino su debilidad: cuando el poder cultural se pierde, dijo, se recurre a la fuerza. Recordó que La otra parte de la verdad, el primer libro de Márquez, salió en 2004, apenas un año después de la llegada del kirchnerismo, como uno de los primeros en discutir su versión de los 70. Márquez evocó la presentación del Libro negro de la nueva izquierda en 2016 ante un público mayor y lo comparó con los jóvenes que hoy se acercan a sus charlas, como prueba de un recambio generacional que, según ambos, explica la reacción del oficialismo.