“Fue una guerra”: la tesis de La guerra civil argentina

La guerra civil argentina. Los 70 que oculta la corrección política salió en diciembre de 2020, en plena cuarentena, y se presentó por Zoom. Nicolás Márquez volvía con él al tema con el que había debutado en 2004 con La otra parte de la verdad, que recuerda como el libro político más vendido de aquel año. Lo reescribió, explicó a Agustín Laje, porque su lector había cambiado: “Pasé de un lector de setenta años a un chico de veinte”, y porque sus primeros libros los había escrito siendo estudiante, sin dinero para comprar bibliografía. En 2025, con una nueva edición en las grandes cadenas, volvió a defenderlo en una entrevista con un coronel retirado.

Tres razones para hablar de guerra

El título, admite, ya es una provocación: durante años decir “guerra” fue casi un sacrilegio. Él ofrece tres fundamentos. El primero es militar: las organizaciones armadas —el ERP de Mario Roberto Santucho y Montoneros de Mario Firmenich— se declaraban en guerra, publicaban partes de guerra, tenían grados, fábricas de armas y, según sus cálculos, unos 6.000 militantes entrenados en Cuba. El segundo es político: en el libro hace hablar a Santucho, a Firmenich, a Perón y a Videla, y sostiene que, más allá de todas sus diferencias, los cuatro coincidían en que el país estaba en guerra. El tercero es jurídico: la sentencia del Juicio a las Juntas de 1985, un proceso que él considera plagado de irregularidades, habla en sus considerandos de “guerra interna” y “guerra revolucionaria”. En 2026 citó esa misma sentencia para responderle a Felipe Pigna.

A eso suma los decretos de 1975, firmados por el gobierno de Isabel Perón e Ítalo Luder, que ordenaron a las Fuerzas Armadas “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”, primero en Tucumán y después en todo el país. “Aniquilamiento”, recuerda, es en la terminología militar la eliminación física o moral del enemigo.

Si nosotros decimos que no hubo una guerra, entonces toda la represión fue un genocidio. Nicolás Márquez con Agustín Laje, minuto 26:44

Una guerra sin reglas

Márquez insiste en el adjetivo “irregular”. En una guerra así, explica, las reglas las impone el que ataca: un combatiente sin uniforme, mezclado con la población civil, que obliga al otro a responder en el mismo terreno. Distingue la guerrilla rural del ERP en Tucumán del terrorismo urbano de Montoneros, y ubica el pico de los atentados en el momento en que, según él, las organizaciones empezaban a perder: “es mucho más fácil meter una bomba en un cine que preparar un ejército”. Reconoce excesos de las Fuerzas Armadas que no defiende —“cosas que hace veinte años yo era más reacio a admitir”—, pero los atribuye a la naturaleza de ese tipo de conflicto.

Sus cifras, que presenta tomadas de la sentencia de 1985, hablan de más de 21.000 hechos subversivos en una década, entre ellos unos 1.700 secuestros y más de 5.000 bombas, y de entre 1.500 y 2.000 muertos causados por la guerrilla. Sobre el número de desaparecidos, sostiene que un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de 2015 registró alrededor de 6.300 durante el gobierno militar, y considera la cifra de 30.000 un número “propagandístico”. Son datos que, reconoce, varían según la fuente.

Antes del 24 de marzo

Un eje que recorre sus tres intervenciones es lo que pasó antes de 1976. En su resumen de diez minutos recuerda que entre 1971 y 1973 funcionó una Cámara Federal Penal que juzgó a guerrilleros “con la ley en la mano”, y que en 1973 el gobierno de Héctor Cámpora amnistió a los presos, disolvió esa Cámara y derogó las figuras penales creadas para el terrorismo. Según los datos que cita, más de la mitad de los homicidios de la guerrilla ocurrieron durante el gobierno constitucional de 1973 a 1976, lo que para él desmiente que se luchara contra una dictadura. Al peronismo le atribuye además la Triple A y el inicio de las desapariciones tras los decretos de 1975; a la Junta, el “gravísimo error” de continuar ese método, que califica de “absolutamente inapropiado”.

También sostiene que el golpe fue reclamado por casi todo el arco político, sindical y periodístico, y usa como dato que la UCR aportó más de 300 intendentes durante el Proceso. Cita a Juan Bautista Yofre: “La guerra no la ganaron los militares; la ganaron los argentinos con sus Fuerzas Armadas”.

La posguerra

¿Por qué perdieron el relato quienes, según él, ganaron en el terreno? Márquez recurre a un recuento del historiador Enrique Díaz Araujo: unos 700 libros favorables a la guerrilla contra apenas medio centenar del otro lado. En el plano judicial, sostiene que los juicios por lesa humanidad aplican retroactivamente una figura incorporada después, y que hoy hay cerca de 3.000 militares detenidos mientras ningún exguerrillero está preso. Aclara, sin embargo, que desde lo jurídico le parecería tan injusto encarcelar a unos como a otros. En su balance de 2025 identifica dos avances —el desfinanciamiento de organizaciones que llama “falsamente de derechos humanos” y una bibliografía revisionista que hoy está en todas las librerías— y un frente pendiente: el judicial. Márquez había expuesto ese argumento jurídico en 2017, en pleno debate por el 2x1.

A quienes le reprochan parcialidad, les responde con una cita que le gusta repetir: “toda imparcialidad es artificial”. Lo que le pide a un libro de historia no es neutralidad sino documentación: su edición final, le recuerda el entrevistador, tiene 687 citas en 303 páginas.