Del decreto de Alfonsín a los militares presos: Márquez y Cecilia Pando sobre el otro rostro de los derechos humanos

A mediados de febrero de 2024, Nicolás Márquez publicó en su canal la continuación del video en el que, semanas antes, había repasado la guerra contra las organizaciones guerrilleras en la Argentina de los años 70. Si aquella primera entrega terminaba con la derrota militar del ERP y Montoneros, esta segunda parte se ocupa de lo que vino después: el decreto con el que Raúl Alfonsín ordenó juzgar a las juntas militares, el Juicio a las Juntas, la CONADEP, la reapertura de las causas durante el kirchnerismo y la situación de los militares detenidos. En la última media hora se sumó Cecilia Pando, que preside la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina.

Como en el video anterior, Márquez se apoyó en placas de época y en fragmentos del fallo de 1985. Su tesis es que la política de derechos humanos argentina tuvo, en sus palabras, “un mal de origen”.

El decreto 158/83 y el Juicio a las Juntas

El primer blanco de Márquez fue el decreto 158 de 1983, firmado por Alfonsín al asumir. Según su lectura, el texto no solo ordenaba someter a juicio a los integrantes de las juntas, sino que ya daba por establecido que el plan de operaciones contra la subversión se había basado en métodos y procedimientos manifiestamente ilegales. Para Márquez, un presidente no puede determinar por decreto quién debe ser juzgado y, a la vez, adelantar su culpabilidad: “Esto fue de una manifiesta inconstitucionalidad nunca vista en occidente”, afirmó. Sostuvo además que el decreto fijó como punto de partida el 24 de marzo de 1976, cuando, según los datos que expuso, la Triple A y la guerrilla ya habían cometido cientos de homicidios y había desaparecidos desde antes del golpe, y que de ese modo se dejó fuera la responsabilidad de los gobiernos peronistas y de los partidos que, según Márquez, aportaron intendentes al gobierno militar.

Márquez cuestionó también que el caso quedara en manos de un tribunal civil y no de la justicia militar: lo que para la legislación castrense es la detención de un prisionero de guerra, explicó, para la ley civil es una privación ilegítima de la libertad. Señaló además que fiscales y camaristas del juicio habían sido, según él, funcionarios judiciales durante el gobierno militar. A la CONADEP le dedicó un tramo propio: recordó que Ernesto Sabato, que la presidió, había compartido un almuerzo con Videla y Borges durante el gobierno militar y que años después entregó a Alfonsín el informe que dio origen al Nunca más.

Según Márquez, Alfonsín no era un actor imparcial: citando las memorias de Enrique Gorriarán Merlo, lo describió como cercano al ERP y recordó que, como abogado de una integrante de la célula que secuestró y asesinó al directivo de Fiat Oberdan Sallustro, sostuvo que los guerrilleros no eran delincuentes, sino combatientes en una guerra.

Lo que dice la sentencia de 1985

El núcleo del argumento fue la lectura de pasajes del propio fallo. Márquez destacó que la sentencia excluyó la sustracción de menores del catálogo de delitos atribuidos a los comandantes, pese a que el decreto la daba por cierta, y que describe a la guerrilla como una organización de tipo militar que buscaba la toma del poder. Leyó el pasaje en que el tribunal admite que “sí hubo una guerra interna”, “iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio estado”, y el cómputo de 21.642 acciones guerrilleras entre 1969 y 1979. Su conclusión es que, en la práctica, “el decreto fue la sentencia” y lo demás fue “una parodia para vestir de civilidad un hecho manifiestamente ilegal”. Por eso, dijo, no corresponde reivindicar el juicio ni aplaudir la película Argentina, 1985, a la que describió como “una manipulación ideológica para confundir a las nuevas generaciones”.

También discutió la cifra de 30.000 desaparecidos, contraponiéndole un informe oficial que, según Márquez, registra al menos 6.348 casos y que fue actualizado en 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Los organismos y la reapertura de las causas

La segunda parte del video, que da título a la transmisión, estuvo dedicada a los organismos de derechos humanos. Márquez cuestionó la financiación estatal de Abuelas de Plaza de Mayo, la cercanía de Hebe de Bonafini y de Estela de Carlotto con Fidel Castro, y mostró el video de archivo en el que Bonafini celebraba el atentado contra las Torres Gemelas. Para él, la consigna de los derechos humanos funcionó como “la palabra fetiche” de la izquierda para presentarse en público con buena imagen, mientras se guardaba silencio frente a las violaciones de derechos humanos en Cuba.

Sobre la búsqueda de nietos, Márquez sostuvo que hubo casos aislados, no sistemáticos, de militares que se quedaron con hijos de guerrilleros muertos en enfrentamientos, lo que calificó como un hecho que “está mal”. Mostró además el testimonio de Eva Donda, hija de desaparecidos, que en un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo reconoció que sus padres también habían matado y dijo: “Nadie puede estar a favor de los hechos cometidos en la dictadura, pero tampoco nadie puede estar a favor de los hechos cometidos por los terroristas”. Márquez valoró esa declaración y dijo que, dentro de su historia, “tiene bastante grandeza”.

Luego pasó a la etapa iniciada en 2003. Según Márquez, la renovación de la Corte Suprema durante el gobierno de Néstor Kirchner permitió declarar inconstitucionales los indultos y las leyes de amnistía que la propia Corte había convalidado, en violación de la cosa juzgada. Y discutió la figura de lesa humanidad: a su entender, no puede aplicarse retroactivamente a hechos de los años 70 y, además, exige un ataque contra una población civil, cuando los guerrilleros eran combatientes de organizaciones armadas.

Yo soy un civil, no tengo un arma, mi arma es esto, son los libros, es mi celular, no pertenezco a ninguna estructura militar o paramilitar, eso es un civil. El panadero que está en la esquina de mi casa es un civil.

Nicolás Márquez, minuto 56:30

Cecilia Pando y los militares presos

En el tramo final, Pando describió la situación de los militares detenidos en causas de lesa humanidad, a quienes llama presos políticos. Habló de juicios con “sentencias preconcebidas”, de detenidos con una edad promedio cercana a los 75 años alojados en cárceles comunes y de procesados que, según dijo, llevan 17 o 18 años en prisión preventiva sin condena. De acuerdo con sus datos, 827 detenidos murieron en cautiverio y 1.072 fueron condenados. Márquez comparó esas cifras con los juicios de Núremberg tras la Segunda Guerra Mundial, que según él terminaron con alrededor de una docena de condenas.

Pando relató además testimonios que considera inverosímiles, como el de un testigo que, según contó, reconoció a su torturador por el perfume décadas después, y una rueda de reconocimiento con un solo imputado. También contó que, en un encuentro informal, el ex fiscal Julio César Strassera le había dicho que los juicios por lesa humanidad eran “una aberración”, algo que, lamentó Márquez, nunca dijo en público.

Ambos coincidieron en que, con el cambio de gobierno, los jueces ya no tienen excusas para no revisar esas detenciones. Márquez cerró pidiendo que el video se difunda sobre todo entre los más jóvenes. Márquez ya había entrevistado a Pando sobre los militares detenidos en octubre de 2021, en el ciclo que conducía con Patricia Soprano.