Educación sexual o adoctrinamiento

Septiembre de 2018. El Senado acababa de rechazar la legalización del aborto y en el Congreso se discutía una reforma de la Ley de Educación Sexual Integral. Nicolás Márquez, que por entonces recorría América Latina con Agustín Laje presentando El libro negro de la nueva izquierda —“a veces 35 o 40 días fuera de casa, con tres o cuatro conferencias por día”—, habló del tema en dos programas: con Gisela Barreto en La fe mueve montañas, en Buenos Aires, y un mes después en Salvando Vidas, en Asunción. El argumento fue el mismo en los dos.

Biología sí, género no

Márquez arranca por su propia experiencia: nacido en 1975, en la primaria de los ochenta tuvo educación sexual “desde una perspectiva científica”: los órganos reproductivos, cómo se forma la vida, qué es la concepción. Dice que eso le parece bien a una edad prudente. Lo que rechaza es otra cosa: que bajo el mismo nombre se enseñe la ideología de género, que define junto con Laje como “un conjunto de ideas anticientíficas” que separan la sexualidad de toda base biológica y la explican solo como construcción cultural.

Por qué ese conjunto de ideas le preocupa más que otras creencias sin base científica lo explica con una comparación: nadie obliga a nadie a que le lean la borra del café. “Somos respetuosos de la libertad personal incluso para esas supersticiones extravagantes.” La diferencia, sostiene, es que esta se impone desde el Estado. Y los valores, agrega, no le corresponden a la escuela estatal sino a los padres.

Esto no es una alternativa, es una imposición: si se institucionaliza de manera masiva, no vas a tener ninguna opción. Nicolás Márquez, minuto 13:16

Lo que estaba en juego en la reforma

Su objeción central al proyecto de 2018 era la transversalidad: los contenidos no quedarían en una materia sino en todo el currículo, y serían obligatorios también en los colegios privados y religiosos, católicos o evangélicos. Márquez enumera lo que considera afectado: la patria potestad —“el derecho preferente de los padres a educar a los hijos conforme los valores que les son propios”, que ubica en tratados con rango constitucional como el Pacto de San José de Costa Rica—, la libertad de cátedra, la autonomía de cada colegio para definir su ideario y la objeción de conciencia de los docentes. “Si mandás a tus hijos a un colegio cristiano es porque esos valores coinciden con los del hogar.” En 2023 volvió a invocar la patria potestad en un debate en la televisión mexicana sobre la prohibición de las terapias de conversión en Yucatán.

Como ejemplo de lo que temía, contó en Paraguay una experiencia propia: una charla que dieron con Laje en un colegio evangélico de Neuquén, contra el aborto y contra la idea de que se pueda cambiar de sexo, que según él terminó con el colegio sancionado e intervenido. A eso llama “sovietización educativa”: que los chicos dejen de pertenecer al ámbito de autoridad de sus padres y pasen a ser, en sus palabras, “instrumentos políticos del Estado”.

Una revolución que no hace ruido

En los dos programas insistió en una idea que atraviesa sus libros. Cuando la izquierda intentó tomar el poder con la guerrilla, dice, la violencia alarmó a la sociedad y la gente se resistió. Esta nueva ofensiva es distinta: “de apariencia simpática, multicolor, diversa, inclusiva”, y por eso muchos la reciben con indiferencia. Sus blancos, sostiene, son las dos instituciones que transmiten valores: la familia y las iglesias. Márquez desarrolló esa idea en 2023, en una entrevista sobre la revolución “de terciopelo”.

Buena parte de su crítica pasa por el lenguaje. Cita el caso de Jorge Lanata, llevado a la Justicia por Florencia de la V por haber dicho que no es madre sino padre, como muestra de que ciertas opiniones ya tienen costo judicial. Discute que exista la “homofobia” como categoría —una fobia, dice, es un trastorno clínico, y usarla contra quien disiente es “patologizar al disidente”— y le da vuelta al término “diversidad”: la unión verdaderamente diversa, argumenta, es la de un hombre y una mujer. Sobre el matrimonio, sostiene que el Estado lo regula por su vínculo con la maternidad y la crianza, y que los demás vínculos entre adultos pertenecen al ámbito privado.

También deja clara la frontera de su postura: el Estado, dice, no tiene que meterse en la intimidad de nadie, y la libertad sexual de los adultos “está garantizada hace casi doscientos años”. Lo que discute es que el Estado promueva una conducta —usa la analogía de que tolera que alguien fume pero promueve el deporte— y que financie tratamientos de cambio de apariencia con dinero público. Tolerar, insiste, “no significa aprobar”.

Una mayoría que no se mueve

La salida que propone es política. Los legisladores, dice, reciben la información de los medios y la presión de grupos organizados y financiados; del otro lado hay “una multitud silenciosa” sin dinero ni medios propios. Su receta tiene tres pasos: informarse, formarse y salir a la calle, recordándole al político que su banca depende del voto. El antecedente que usa es el del debate del aborto de 2018, cuando, en su lectura, la movilización hizo retroceder a los senadores. A Paraguay, que ve como uno de los países menos afectados de la región, le pidió no confiarse: “Argentina hace cinco años era impensable que estas cosas sucedieran”.